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Ese día fueron a clase “sin pegar ojo”. Un cargador de móvil desapareció la noche anterior y, como castigo, los trabajadores del centro dejaron a los menores sin dormir hasta encontrar al que lo había cogido. Este episodio tuvo lugar en 2024 en el centro de menores migrantes de la playa del Cabrón, en Arinaga. Así lo relataron algunos jóvenes a una asociación de Gran Canaria, que en febrero dio traslado a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo de estos testimonios. Estos jóvenes, que viven en Canarias sin familia y en situación de vulnerabilidad, también describieron -de forma anónima para evitar represalias- palizas, golpes, amenazas y castigos desproporcionados. La semana pasada, y en el marco de una operación que investiga malos tratos a menores migrantes, la Justicia ordenó el cierre de este centro.

En dos meses, el Juzgado piloto de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado el desalojo de dos centros de menores migrantes en Gran Canaria: Fortaleza I, también conocido como Bandama, y el centro de la playa del Cabrón, en Arinaga. Los dos eran gestionados por la asociación Quorum Social 77, una de las que más dinero público recibe para ofrecer este servicio. Según el Gobierno regional, el cierre del centro de Arinaga, ordenado por el magistrado Tomás Martín, forma parte de la investigación iniciada con Fortaleza I.

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